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Un memorando presidencial extiende las facultades del embargo hasta septiembre de 2027
La administración Trump prorrogó por un año más las facultades económicas aplicables a Cuba. Estas facultades provienen de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA). El memorando se firmó el 20 de agosto de 2026 y ya se publicó en el Registro Federal. En consecuencia, las medidas seguirán vigentes hasta el 14 de septiembre de 2027. Además, la firma evita que expiren el próximo 14 de septiembre. Según el documento, la continuidad “redunda en el interés nacional de Estados Unidos”.
Qué significa la prórroga para las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos
La decisión mantiene en pie el marco legal del embargo. Ese marco son las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, ubicadas en el Título 31, Parte 515, del Código de Regulaciones Federales. Se trata, de hecho, de uno de los instrumentos más importantes de la política estadounidense hacia la isla. Gracias a ellas, el Gobierno federal puede bloquear activos, limitar transacciones y sancionar operaciones vinculadas a Cuba. Sin la prórroga anual, en cambio, esas facultades perderían su base ejecutiva.
Un mecanismo anual que ningún presidente ha interrumpido desde 1978
El embargo comenzó de forma parcial bajo el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower en 1960 y se convirtió en un embargo comercial total con John F. Kennedy en febrero de 1962. En 1977, el Congreso limitó el uso de la TWEA en tiempos de paz y estableció que el presidente debe determinar cada año que su continuación responde al interés nacional. Desde entonces, todos los mandatarios —de Jimmy Carter a Barack Obama, de Joe Biden a Donald Trump— han firmado la prórroga sin excepción.
El embargo, además, quedó codificado en la Cuban Democracy Act de 1992 y en la Ley Helms-Burton de 1996, que impiden que un presidente lo levante de manera unilateral.
La prórroga llega en medio de una ofensiva de sanciones contra La Habana
La medida no ocurre en el vacío. Al contrario, llega en un momento de máxima presión sobre el régimen cubano. Pocos días antes, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve entidades estatales y a tres altos funcionarios. Entre los señalados figuran dirigentes del ICAP y el Ministerio de la Construcción. De esta manera, Washington estrecha el cerco sobre las estructuras económicas que sostienen a la cúpula gobernante. Mientras tanto, la Casa Blanca debate cuál será el siguiente paso de su política hacia la isla.
La Habana responde y el debate interno se intensifica
El régimen cubano condenó la prórroga mediante un comunicado de su cancillería. En el texto calificó el embargo como “una política genocida” sostenida por más de seis décadas. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que la renovación “no es un acto administrativo menor”. No obstante, dentro de la isla crece otra lectura. Cada vez más cubanos atribuyen el colapso económico a la mala gestión del régimen de partido único que gobierna desde 1959. En cualquier caso, el mensaje de Washington es inequívoco: el embargo no desaparece y seguirá vigente hasta septiembre de 2027.
