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Una funcionaria del régimen cubano reconoció en público lo que millones de cubanos comprueban cada día en el mercado. Se trata de Nayda Berena Alfonso Jiménez, directora provincial de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus. Según la funcionaria, las multas a los comerciantes no han logrado bajar los precios. Su declaración desmonta, desde dentro, la lógica de castigo que el Gobierno aplica contra el sector privado.
Una admisión que desmonta el discurso oficial
“La multa no va a bajar el precio”, afirmó la directora provincial, en declaraciones que reprodujo CubitaNOW. A continuación, explicó cuál sería la vía real para conseguir una rebaja. Según sus palabras, hace falta aumentar la oferta y elevar la producción. Además, considera imprescindible mejorar las condiciones generales de la economía. En otras palabras, la funcionaria describió un problema estructural que ninguna inspección puede resolver. Esa lectura, sin embargo, contradice la estrategia que su propio Gobierno aplica desde hace meses.
Topes de precios que vacían los estantes y alimentan el mercado informal
La funcionaria reconoció también otro efecto bien conocido por la población. Cuando se fijan topes de precios, algunos productos desaparecen de los establecimientos. Poco después, continúan vendiéndose en el mercado informal, fuera de cualquier control. De hecho, el periódico oficial Escambray recogió otra confirmación de la propia Alfonso. Según ese diario, se derogó la resolución que fijaba precios máximos al pollo, el aceite y la salchicha. La prensa provincial, asimismo, describe un panorama de baja oferta y alta demanda. En ese contexto, la libra de manteca de cerdo llegó a costar 1.800 pesos. Por lo tanto, el control administrativo no solo fracasó: en muchos casos empujó la mercancía hacia la calle.
Más de 200 multas y decenas de cierres en pocas semanas
Las palabras de la funcionaria llegan tras una intensa ofensiva de inspecciones en la provincia. A comienzos de agosto, las autoridades impusieron más de 200 multas, según Radio Sancti Spíritus. Ese operativo cerró, además, al menos cinco establecimientos. La mayoría de las sanciones respondió a violaciones de precios. Posteriormente, el 10 de agosto comenzó un ejercicio integral de control a los actores económicos. En su primera semana, más de 30 negocios cerraron sus puertas, de acuerdo con Directorio Cubano. La propia Alfonso admitió entonces que algunos emprendimientos pudieron cerrar para evitar las inspecciones. Aun así, los precios siguen fuera del alcance de la mayoría de las familias.
Más de 30 millones de pesos en deudas tributarias
Mientras tanto, las autoridades espirituanas reportan más de 30 millones de pesos en deudas tributarias. Esas deudas se detectaron durante los controles a distintos actores económicos. Para muchos emprendedores, en efecto, la cifra confirma que el verdadero foco de la campaña es recaudar. Además, la presión se suma a la obligación de usar pasarelas de pago digitales y depositar el efectivo en el banco. Algunos dueños de negocios, según la prensa oficial, alegaron que necesitan ese efectivo para comprar mercancía. En consecuencia, muchos emprendimientos operan hoy entre la sanción y el cierre.
Castigar al emprendedor en lugar de producir: la contradicción de fondo
La contradicción queda expuesta sin necesidad de intérpretes. El régimen multa a los vendedores por los precios. No obstante, sus propias autoridades reconocen que las multas no resuelven el problema. Por ello, la política de control parece responder más a la búsqueda de culpables que al abastecimiento del mercado. Resulta difícil ignorar, además, que el conglomerado militar GAESA acumula miles de millones de dólares en el extranjero, según denunció Washington. El costo, sin embargo, lo pagan los más vulnerables, como el jubilado de 77 años que sigue trabajando para comer. Entonces, la pregunta resulta inevitable. Si las multas no bajan los precios, ¿por qué el régimen continúa castigando a los emprendedores en lugar de resolver la falta de oferta y producción?
