Share This Article
Este jueves 1 de octubre, dos mujeres cubanas comparecen ante un tribunal por un video de apenas unos minutos. Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, enfrentan un proceso penal en La Habana del Este. Su supuesta falta fue grabar y publicar la visita de un agente del Ministerio del Interior a su casa. El caso, que ya seguimos en Cuba Primero, llega a juicio rodeado de irregularidades. Mientras tanto, crece la solidaridad dentro y fuera de la isla.
Un video grabado “como medida de seguridad”
Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2026. Ese día, el suboficial Yoel Leodán Rabaza Ramos llegó al apartamento de la familia en Alamar. Su misión era entregar una citación de la Seguridad del Estado, según Martí Noticias. Madre e hija decidieron grabar el momento y difundirlo en redes sociales. Según explicaron, lo hicieron como una medida para proteger su propia seguridad. Anna Bensi, de 21 años, documenta desde hace tiempo el presunto acoso contra ella y su familia. Para ella, en efecto, hacer visible cada visita es una forma de protegerse.
Esa grabación se convirtió, sin embargo, en la base de una acusación penal. Las autoridades les imputan un delito contra la intimidad personal y familiar, recogido en el artículo 393 del Código Penal, según CiberCuba. El mismo medio señala que esa figura contempla penas de dos a cinco años de privación de libertad.
Un caso archivado que volvió a la vida
El proceso tuvo un recorrido inusual. La Fiscalía archivó el expediente el 13 de abril, según Martí Noticias. De acuerdo con CiberCuba, la defensa había argumentado que el delito requería una querella directa del afectado. Por lo tanto, el caso parecía cerrado. No obstante, el 6 de julio se reabrió después de que el propio suboficial presentara esa querella. En agosto, finalmente, quedó confirmado el juicio.
La vista estaba prevista inicialmente para el 17 de septiembre. Sin embargo, se aplazó por problemas personales de la jueza, según Martí Noticias. Desde el 25 de abril, además, madre e hija permanecen bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país.
Dos años de limitación de libertad y una disculpa en video
La parte acusadora solicita dos años de limitación de libertad para cada una. Además, el querellante exige que ambas graben y publiquen una disculpa pública en video, según CiberCuba. El asesor legal de la familia, Santiago Alpízar, líder de la organización Cuba-Demanda, rechaza el proceso. Según Alpízar, no existe mérito alguno para celebrar el juicio, y mucho menos para imponer sanciones.
La causa la preside Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. De acuerdo con CiberCuba, esa jueza participó en los juicios contra 129 manifestantes del 11 de julio de 2021. En aquellos procesos se pidieron penas de hasta 30 años de cárcel. Por ello, su designación aumenta la inquietud entre quienes siguen el caso.
“No voy a callarme”: la respuesta de Anna Bensi
A pocos días del juicio, la joven habló con firmeza. “No voy a callarme”, aseguró en declaraciones recogidas por CiberCuba. Incluso afirmó que volvería a publicar el video si tuviera la oportunidad. Insistió, asimismo, en que nunca quisieron humillar al agente. Por el contrario, dijo estar dispuesta a perdonarlo, pues cree que actúa bajo presión del Estado. Bensi también rechazó ofertas para salir de Cuba.
La fecha del proceso tampoco pasó inadvertida. Según Diario de Cuba, el juicio coincide con una marcha por la libertad de Cuba convocada en Washington. Bensi calificó esa coincidencia como curiosa.
Iglesias y congresistas: “No vamos a dejarlas solas”
El respaldo más contundente llegó desde las iglesias. La junta directiva de la Convención Bautista de Cuba Occidental emitió una declaración el 29 de septiembre. En ella afirmó: “No podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas”. La organización advirtió, además, que una condena de prisión “sería la gota que colmara la copa”. Según Martí Noticias, la convención sostiene que el ejercicio legítimo de la verdad no debe criminalizarse. Madre e hija asisten a la iglesia bautista Renacer, en Alamar.
Otras voces se sumaron al llamado. El mismo medio reporta apoyo de la Iglesia católica, de iglesias pentecostales y de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas. Desde Washington, el congresista Mario Díaz-Balart exigió el fin inmediato de la persecución contra ambas, según Cubanos por el Mundo. También advirtió que los responsables de la represión enfrentarán graves consecuencias. Su mensaje coincidió, en efecto, con la entrada en vigor de nuevas sanciones de EE.UU. contra el régimen.
Un juicio que pone a prueba la libertad de expresión en Cuba
El caso trasciende a dos mujeres de Alamar. Plantea, en el fondo, si un ciudadano puede documentar la llegada de la Seguridad del Estado a su casa. En un país donde Díaz-Canel pide ampliar la vigilancia de los CDR en los barrios, grabar al vigilante parece haberse convertido en delito. Asimismo, la organización Prisoners Defenders contabilizó un récord de 1.339 presos políticos al cierre de agosto.
Hasta el cierre de esta edición, no se conocía el desarrollo ni el resultado de la vista. Lo que ocurra hoy en La Habana del Este enviará, sin duda, un mensaje a todos los cubanos con un teléfono en la mano. Dos mujeres, un juicio y una pregunta que el régimen evita responder: ¿quién vigila a quienes vigilan?
Fuente: ¡HOY ES EL JUICIO! CRECE EL LLAMADO A RESPALDAR A ANNA SOFÍA Y SU MADRE CARIDAD

