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La creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, será juzgada junto a su madre, Caridad Silvente, el próximo 1 de octubre. La vista estaba prevista inicialmente para el 17 de septiembre, pero fue aplazada. La nueva fecha, además, les fue comunicada con apenas tres días de antelación. Ambas enfrentan una acusación por publicar un video grabado en su propia vivienda. Para organizaciones de derechos humanos, en efecto, el caso muestra cómo el régimen convierte un acto de autoprotección en un delito.
Un video grabado en Alamar como medida de protección
Todo comenzó el 10 de marzo en el apartamento de la familia, en Alamar, La Habana. Ese día, un agente del Ministerio del Interior acudió para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Caridad Silvente. Según CiberCuba, fueron dos policías vestidos de civil quienes se presentaron en la vivienda. Madre e hija decidieron grabar el encuentro y publicarlo en redes sociales. Lo hicieron, según explicaron, como una forma de protegerse ante la presencia de los agentes. Poco después, las autoridades abrieron un proceso penal contra ambas.
La acusación: “actos contra la intimidad personal y familiar”
El agente presentó una querella en la que asegura haberse sentido afectado por la difusión del material. Por ello, madre e hija están acusadas de un presunto delito contra la intimidad personal y familiar. De acuerdo con la defensa, el querellante exige que ambas graben y publiquen una disculpa pública. Asimismo, su abogado habría solicitado dos años de limitación de libertad para cada una.
La defensa rechaza el fundamento mismo de la causa. El abogado Santiago Alpízar denunció, según Martí Noticias, que el tribunal no atendió la petición de desestimar la querella. Esa solicitud se basaba, precisamente, en que la propia fiscalía había considerado que los hechos no constituían delito. Por su parte, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, sostuvo que grabar a un policía en funciones no vulnera su intimidad. En su opinión, el proceso refleja una voluntad política de criminalizar derechos reconocidos.
Seis meses bajo reclusión domiciliaria y sin poder salir del país
Mientras avanza el proceso, las dos mujeres viven con la libertad restringida. Desde marzo permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salir de Cuba. Caridad Silvente fue interrogada y sometida primero a esa medida cautelar. Posteriormente, el 25 de marzo, Anna Bensi fue imputada en una unidad policial de Alamar por el mismo expediente, según Periódico Cubano.
El aplazamiento de septiembre, de hecho, añadió incertidumbre a una espera ya prolongada. Bensi explicó que les informaron que la vista se suspendía supuestamente por asuntos personales del juez. Incluso al anunciar la nueva fecha, la joven advirtió que el juicio sería el 1 de octubre “hasta ahora”. Esa cautela, en consecuencia, refleja la falta de garantías que perciben ambas frente al tribunal.
“No me van a callar”: Anna Bensi volvería a publicar el video
Lejos de retractarse, la joven de 21 años mantiene su postura. En una entrevista con CubaNet, Bensi afirmó que volvería a publicar el video si tuviera la oportunidad. Además, aseguró que no piensa abandonar sus denuncias en redes sociales. La creadora ha documentado, entre otros problemas, la acumulación de basura en las calles de Alamar. También ha rechazado ofertas para abandonar Cuba y continuar su carrera en el exterior.
Su caso ya había trascendido las fronteras de la isla. Según CubaHeadlines, Bensi fue una de las activistas a quienes se impidió asistir a la recepción del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. El jefe de misión estadounidense, Mike Hammer, calificó esa situación como inaceptable.
Grabar a la autoridad, un derecho convertido en delito
El juicio plantea una pregunta que trasciende a esta familia. ¿Puede un ciudadano documentar la actuación de un agente del Estado en la puerta de su casa? Cubalex recuerda que la Constitución de 2019 no convierte esa grabación en un acto delictivo. Sin embargo, el proceso contra Bensi apunta en la dirección contraria. La lección para otros cubanos, en definitiva, resulta inquietante: registrar la presencia de la Seguridad del Estado puede costar la libertad.
El caso no ocurre en el vacío. Coincide con el llamado de Díaz-Canel a ampliar la vigilancia de los CDR en los barrios. También recuerda las denuncias de atletas vigilados por la Seguridad del Estado incluso fuera de la isla. Mientras tanto, Prisoners Defenders contabilizó un récord de 1.339 presos políticos al cierre de agosto. El 1 de octubre, por lo tanto, no solo se juzgará un video. Se pondrá a prueba, una vez más, el derecho de los cubanos a mostrar lo que el poder prefiere ocultar.
Fuente: ¡EL RÉGIMEN LLEVA A JUICIO A ANNA BENSI Y SU MADRE POR PUBLICAR UN VIDEO!
