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El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, negó este lunes 12 de octubre cualquier vínculo del Estado con los 90 cargamentos de biodiésel incautados por Estados Unidos. Lo hizo en una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, desde su despacho en La Habana. Según el ministro, la estatal ENETEC S.A. no tenía contrato alguno relacionado con esos envíos. Sin embargo, su versión choca de frente con la de Washington. Las autoridades federales sostienen que los documentos de exportación señalaban a esa misma empresa como destinataria final. Por lo tanto, dos gobiernos ofrecen relatos opuestos sobre el mismo combustible. Mientras tanto, la isla sigue a oscuras y la investigación continúa abierta.
Más de 600.000 galones retenidos en Florida y Texas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el decomiso el miércoles 7 de octubre, en una conferencia de prensa en Miami. Se trata de 90 cargamentos con más de 600.000 galones de biodiésel, valorados en unos 2,8 millones de dólares, según Telemundo 51. Del total, 71 cargamentos con cerca de 496.000 galones quedaron incautados en Port Everglades, Florida. Los otros 19, con unos 119.000 galones, permanecen retenidos en el puerto de Houston, Texas, de acuerdo con OnCubaNews.
La operación la condujo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También participó la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. Según las autoridades, CBP detectó los envíos a principios de septiembre gracias al análisis de datos comerciales y de inteligencia. Los cargamentos podrían violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y las normas de control de exportaciones.
José R. Figueroa, agente especial a cargo de HSI en Miami, describió el caso como “un intento deliberado para socavar las sanciones de EEUU”, según recogió OnCubaNews. No obstante, las autoridades no identificaron a las empresas exportadoras ni informaron de arrestos o cargos. Figueroa prometió, además, revelar más detalles cuando avance la investigación. Asimismo, aclaró que la operación no pretende frenar la ayuda humanitaria ni el comercio legítimo con el sector privado cubano, de acuerdo con Local 10.
Inserta aquí el video del DHS sobre la incautación del biodiésel.
ENETEC, la empresa en el centro de la disputa
ENETEC es un mayorista estatal de combustibles y lubricantes con sede en La Habana. Figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC desde el 13 de julio de 2026, según OnCubaNews. Su designación se produjo al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, la misma que sustenta las nuevas sanciones de Washington contra el régimen.
No es la primera vez que esta empresa aparece en una investigación federal. Durante la conferencia de prensa, los funcionarios la vincularon con el buque M/V Grace, interceptado en el Caribe con combustible oculto en sus tanques de lastre, según Periódico Cubano. Además, en septiembre el condado de Miami-Dade revocó la licencia de la empresa de envíos Lux Sky Cargo. Esa decisión se tomó tras una remisión de agencias federales que señalaba sus negocios con ENETEC, recordó OnCubaNews.
El caso, sin embargo, tiene un matiz que ninguno de los dos gobiernos ha aclarado. Según El Nuevo Herald, citado por OnCubaNews, no está claro quiénes eran los compradores reales del biodiésel. ENETEC funciona como agencia importadora: gestiona el despacho de aduanas, el almacenamiento y la entrega a los usuarios finales. De hecho, una fuente anónima vinculada a uno de los exportadores aseguró que el combustible iba destinado, en última instancia, a empresas privadas. Si eso se confirma, la empresa estatal habría actuado como intermediaria obligatoria. Aun así, cualquier transacción con una entidad sancionada sigue prohibida para las empresas estadounidenses.
De la “piratería” a la negación total
La primera reacción de La Habana no fue una negación. Tras el anuncio, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío calificó la incautación de ilegal y aseguró que “es ilegal la piratería y el pillaje”, según Diario de Cuba. En el mismo mensaje defendió que tanto las entidades estatales como las privadas pueden importar combustible desde cualquier país. También sostuvo que almacenar y distribuir ese combustible dentro de Cuba es plenamente legal.
Cinco días después, el tono cambió. De la O Levy aseguró a Reuters que desconocía los cargamentos y negó cualquier contrato con ENETEC. Fue incluso más lejos: afirmó que ninguna empresa estatal cubana ha conseguido contratar combustible, ni en pequeñas ni en grandes cantidades. Ambos mensajes no se contradicen necesariamente. Sin embargo, el primero defendía el derecho a comprar, y el segundo niega haber comprado. En cualquier caso, ninguno de los dos funcionarios explicó por qué los documentos de exportación señalaban a ENETEC como destinataria.
Un canal legal en expansión, bajo la lupa de Washington
El decomiso ocurre mientras crece con rapidez la venta autorizada de combustible estadounidense a Cuba. En febrero, el BIS permitió a las mipymes cubanas comprar petróleo y derivados en Estados Unidos, siempre que su uso sea privado y no beneficie al Estado. Desde entonces, los volúmenes se dispararon. En julio, Estados Unidos exportó a Cuba 3,2 millones de barriles de productos petrolíferos, la cifra mensual más alta desde 2017, según datos de la Administración de Información Energética citados por OnCubaNews.
En ese contexto, lo incautado equivale a menos de medio día de importación al ritmo de julio, de acuerdo con el mismo medio. Por ello, el golpe al suministro es limitado. El mensaje político, en cambio, resulta inequívoco: Washington vigila cada cargamento que pueda terminar en manos del Estado cubano.
De la O Levy, por su parte, sostuvo ante Reuters que el combustible que entra al país no cubre ni el 3 % de sus necesidades. Esa cifra, sin embargo, resulta difícil de conciliar con los datos oficiales de exportación estadounidenses. El ministro tampoco precisó si se refería solo a las compras privadas o al consumo total de la isla.
Mientras tanto, la isla paga el costo
Más allá del choque diplomático, la crisis energética golpea cada día a millones de cubanos. A finales de septiembre, la termoeléctrica Guiteras volvió a salir del sistema eléctrico, con afectaciones previstas de hasta 2.000 MW. La falta de combustible paraliza, además, los grupos electrógenos que sostienen las radiobases de ETECSA. En Mayabeque, la única ambulancia de Melena del Sur solo sale si la familia pone el combustible, según denuncian vecinos.
El régimen, por otro lado, insiste en culpar al bloqueo petrolero de todas sus carencias. Al mismo tiempo, moviliza consejos de defensa y ensaya escenarios de guerra mientras los barrios esperan agua y electricidad. Washington, en cambio, sostiene que su objetivo es impedir que los recursos lleguen a las estructuras del Estado. Esa lógica guía también sus denuncias sobre los más de 18.000 millones de dólares que acumularía GAESA en el extranjero.
Por ahora, ninguna de las dos versiones ofrece respuestas completas. Estados Unidos no ha identificado a los exportadores ni ha presentado cargos. La Habana, en cambio, niega cualquier contrato, pero no explica por qué su empresa figuraba como destinataria. Entre ambos relatos queda una pregunta que la investigación federal todavía debe responder: ¿quién compraba realmente ese combustible, y para quién estaba destinado?
