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La justicia federal de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves una acusación que incorpora el cargo de conspiración para cometer tortura. Según el documento, el dictador depuesto habría autorizado y supervisado un sistema de represión contra opositores y ciudadanos estadounidenses. Se trata, sin embargo, de acusaciones formales y no de una condena definitiva. Ambos se han declarado inocentes de los cargos que ya enfrentaban. Aun así, el nuevo cargo lleva por primera vez la tortura al centro del proceso en Nueva York.
Descargas eléctricas, asfixia y amenazas a familiares: lo que describe la acusación
Según la acusación, Maduro habría autorizado y supervisado un engranaje de detenciones arbitrarias y violencia. Los fiscales describen presuntas prácticas como descargas eléctricas, golpes, asfixia y aislamiento. Además, mencionan amenazas contra familiares de las víctimas como método de presión. La Fiscalía atribuye también a Cilia Flores un papel activo dentro de ese sistema. De hecho, la acusa de haber ordenado presuntos actos de tortura en determinados casos.
El anuncio no llegó por sorpresa. El miércoles, la cadena CNN adelantó en exclusiva que los fiscales preparaban estos cargos, citando a varias fuentes. Poco después, la agencia Reuters confirmó la información a través de un funcionario estadounidense. Según CNN, el caso se relaciona con la detención injusta de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas. Asimismo, los investigadores evaluaban imputar a otras personas por su presunto papel en esas torturas.
Los estadounidenses que pasaron por los calabozos de la DGCIM
Detrás del nuevo cargo hay nombres y testimonios concretos. Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, ejecutivos de Citgo, denunciaron torturas en demandas contra su empleador, según CNN. Los tres estuvieron recluidos en la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De acuerdo con Noticias RCN, en su demanda describieron ahogamiento simulado, descargas eléctricas y amenazas de agresión sexual. También denunciaron la administración de sustancias psicotrópicas y largos periodos de aislamiento.
Esos ejecutivos recuperaron la libertad en 2022 mediante un canje de prisioneros. Washington los cambió por dos sobrinos de Cilia Flores condenados en EE.UU. por narcotráfico, recordó Reuters. En consecuencia, la propia familia de la acusada quedó ligada al destino de aquellos presos. En octubre de ese año salieron también Matthew Heath y Osman Khan, otros estadounidenses detenidos en Venezuela.
Los tribunales civiles ya habían dado un primer paso. En julio, el juez federal Darrin P. Gayles, en Miami, concedió 314 millones de dólares a tres estadounidenses presuntamente torturados, según la agencia AP. Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval habían sido liberados en 2023 a cambio de Alex Saab. Por ello, el expediente penal de Nueva York no parte de cero.
Un patrón documentado por la ONU y la Corte Penal Internacional
Las acusaciones de tortura contra el chavismo acumulan años de denuncias. En 2022, una misión independiente de expertos de la ONU acusó a Maduro de ordenar personalmente la detención de opositores, según AP. Ese informe sostenía, además, que en algunos casos ordenó la tortura. Los expertos describieron golpizas, choques eléctricos, asfixia con bolsas plásticas y amenazas de violación o muerte. Esa misma misión documentó 122 víctimas de tortura y violencia sexual desde 2014, según Infobae.
Caracas rechazó aquel informe y nunca permitió la entrada de la misión al país. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional mantiene su propia investigación sobre torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela. Lo que durante años fue materia de informes, en efecto, llega ahora a un tribunal penal estadounidense.
Qué cambia en el proceso de Nueva York
Hasta ahora, el caso se centraba en el narcotráfico. Maduro enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos delitos relacionados con armas. Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a los de su esposo. Ambos permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027, según Reuters, ante el juez Alvin Hellerstein.
La ley federal contra la tortura permite juzgar en EE.UU. actos cometidos en el extranjero. Ese estatuto contempla hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua si la víctima muere. No obstante, su aplicación ha sido excepcional. Abogados venezolanos en el exilio, que pidieron al Departamento de Justicia investigar a Maduro, citan un solo precedente reciente contra un extranjero. Se trata de Michael Sang Correa, exmiembro de una unidad paramilitar de Gambia, condenado por un jurado en Colorado.
El nuevo cargo coincide, además, con un momento delicado para Flores. Su defensa pidió este jueves arresto domiciliario por un deterioro de su salud cardíaca. La Fiscalía, sin embargo, ya había advertido en septiembre que representa un riesgo extremo de fuga. La defensa de Maduro, por otro lado, sostiene que el exgobernante debería gozar de inmunidad.
Una advertencia que resuena en La Habana
Venezuela está gobernada desde la captura por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha aumentado su cooperación con Washington. Aun así, el mensaje del jueves trasciende a Caracas. Para el exilio cubano, el caso confirma que la tortura de Estado puede terminar ante un juez. Esa posibilidad, por lo tanto, también pesa sobre quienes reprimen en la isla.
En Cuba, la persecución no se detiene. Anna Bensi y su madre fueron declaradas culpables por grabar a un agente del MININT. En Holguín, la Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel para los creadores de El4tico. Asimismo, Prisoners Defenders contabilizó un récord de 1.339 presos políticos al cierre de agosto.
En el sur de la Florida, la noticia toca también a miles de familias venezolanas, como las de Doral, la mayor comunidad venezolana fuera de su país. Muchas siguen de cerca, además, la posición de Marco Rubio sobre la transición en Venezuela. El proceso apenas comienza y la presunción de inocencia sigue vigente. Pero la pregunta ya está planteada: ¿cuántos responsables de la represión en la región tendrán que rendir cuentas ante la justicia?
Fuente: EE.UU. ACUSA A MADURO Y CILIA FLORES DE CONSPIRACIÓN PARA COMETER TORTURA
